La reforma laboral llevada a cabo por el gobierno del Partido Popular liderado por Mariano Rajoy fue aprobada en 2012, es decir, durante el primer año de legislatura con el objetivo de dar un nuevo impulso a un mercado de trabajo que, por aquel entonces, presentaba más de 5 millones de personas en situación de desempleo y cuyas tasas de paro juvenil rondaba el 50%. Pero, una vez han pasado casi 4 años desde su puesta en marcha, ¿puede decirse que está siendo eficaz?

Los datos ofrecidos por los diversos organismos oficiales encargados de controlar las estadísticas de empleo revelan que, durante el año 2015, se han creado alrededor de 545 000 puestos de trabajo y que, respecto al 2012, existen 576 900 desempleados menos. Esto puede parecer un dato positivo pero, si se analiza en profundidad, no lo es tanto. ¿Cómo explicar entonces que los ingresos en las arcas de la Seguridad Social sean menores respecto a la fecha de su aplicación? La respuesta es muy simple: se han destruido muchos empleos estables y se han sustituidos por temporales.

Puede decirse que el objetivo primordial de esta reforma laboral no fue el de crear empleo sino, más bien, el de flexibilizar y agilizar las condiciones de trabajo. De hecho, ha abaratado el despido de forma muy importante al reducir los días de indemnización por año trabajado en todos los supuestos. Además, la modificación del Estatuto de los Trabajadores ha venido a recoger infinidad de supuestos por los cuales los despidos pueden considerarse procedentes y evitar así el pago de dichas indemnizaciones. Por tanto, el número de ceses de contratos de forma improcedente se ha visto reducido al mínimo.

Otro de los puntos controvertidos de la reforma laboral es el de los Expedientes de Regulación de Empleo. De hecho, su texto ha venido a facilitar la presentación de estos, sobre todo, a partir de la inclusión de diversos decretos leyes posteriormente a su aprobación. En este sentido, con el objetivo de agilizar el proceso, ya solo puede existir una única mesa de negociación aunque la empresa cuente con varios centros de trabajo y las reclamaciones individuales por parte de los trabajadores se han visto realmente limitadas.

De igual forma, el número de ERE no pactados ha crecido desde la aprobación de la reforma laboral un 567%. Esto se debe, principalmente, a que el texto de ley recoge un buen número de supuestos que permite llevarlos a cabo a cualquier empresa incluso aunque sigan siendo rentables. En este sentido, uno de los apartados más controvertidos de esta reforma es que hace posible, con solo probar que existe una disminución de las ventas en tres trimestres consecutivos, acogerse a estos expedientes con el fin de despedir a varios trabajadores por menos dinero.

Además, en esta reforma laboral desaparece la obligación de toda empresa de justificar las razones por la cual procede a la extinción de los contratos y suprime el permiso previo de la autoridad laboral competente que, con anterioridad, era necesario para poder llevar a cabo el despido colectivo. Por tanto, desde 2012, esto puede hacerse de manera unilateral con solo cumplir con las formalidades legales exigidas y aportar a las administraciones una memoria justificativa. Esta última circunstancia, según revelan la gran mayoría de estudios, es la que ha propiciado tal aumento en el número de ERE.