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Trámites de un divorcio

Cuando se tiene claro que un matrimonio carece ya de sentido y cunde la desorientación acerca de la forma de iniciar el trámite del divorcio, lo principal es, ponerse en manos de buenos profesionales y por tanto hacer una consulta legal a abogados de divorcio que nos asesoren sobre las cuestiones de capital importancia con las que habrá que manejarse.

Antes de esbozar tales cuestiones, conviene lanzar una importante sugerencia: que, aparcando las obvias desavenencias conyugales, se haga un generoso esfuerzo por seguir la vía del mutuo acuerdo, aun con la participación de terceras personas si fuese preciso. Un divorcio de mutuo acuerdo es altamente aconsejable porque:

– Las medidas acordadas suelen respetarse más
– Son menores las contribuciones emocionales negativas
– Abarata los costes, limitándolos a los honorarios de abogado y procurador que representan unos 240 € si no hay hijos ni bienes o 450 € en caso contrario.

El punto de arranque es interponer demanda de divorcio ante un juzgado de familia, con intervención de abogado y procurador, este normalmente seleccionado por aquel. Se debe exigir una copia sellada de dicha demanda. Esta iniciativa es igualmente válida sea cual sea el cónyuge que la adopte, aportando el certificado de matrimonio y una propuesta de convenio regulador que plasma las obligaciones y derechos de cada cónyuge tras el divorcio y que suele elaborar el abogado o un mediador familiar, a veces gratuita y otras de pago, según la complejidad.

Un paso determinante es la liquidación de los bienes gananciales cuando proceda, lo que supone confeccionar dos lotes equivalentes de deudas y patrimonio. Asimismo es importante solicitar al abogado una nota de encargo profesional que detalle los costes del servicio y su contenido; cuando sea contratado, podrá exigir una provisión de fondos o bien la cuantía íntegra.

Pero desgraciadamente, puede darse el caso de que la demanda sea iniciativa unilateral de uno de los cónyuges, lo que da lugar al supuesto de divorcio contencioso, algo que en todo caso solo será admitido si el matrimonio tuviese al menos tres meses de vigencia y cuyo coste sería más elevado (superior a los 1200 €). El cónyuge demandante adjuntará el proyecto de efectos del divorcio que estime oportuno.

Independientemente de que se siga la vía “diplomática” o la “bélica”, los documentos que deben prepararse porque serán requeridos son los siguientes:

-Certificados de matrimonio y de empadronamiento
-Poder general para pleitos que concede poderes de representación al abogado y al procurador.
-Escrituras de propiedad de bienes inmuebles en caso de régimen económico de gananciales o capitulaciones matrimoniales si es separación de bienes.
-Copia del libro de familia para conseguir certificados de empadronamiento o nacimiento de menores.

Para quienes en su momento tramitaron solo una separación judicial y deseen divorciarse, los pasos, el coste y la duración del trámite no difieren. La diferencia entre separación judicial y divorcio estriba en que la primera es una autorización judicial para deshacer la convivencia sin poder contraer nuevo matrimonio, mientras que el divorcio supone la disolución total del vínculo matrimonial.

El colofón de toda tramitación de divorcio es una sentencia judicial, que normalmente acontece unos dos meses tras la presentación de la demanda por el procurador. La sentencia se remite a cada cónyuge acompañada de una copia del Convenio Regulador y una vez recibida, debe tenerse la precaución de no desprenderse nunca del original en ningún trámite administrativo

Derecho de familia, divorcios y herencias

El derecho de familia es el conjunto de normas jurídicas que rige las relaciones interpersonales y patrimoniales del grupo familiar entre sí y respecto a terceros, actuando sobre todas las situaciones relativas a matrimonio, régimen económico, filiación y adopción, alimentos, disolución del vínculo marital e instituciones tutelares fundamentalmente.

Divorcio y separación patrimonial

En el derecho de familia el principio de autonomía de la voluntad se encuentra restringido, ya que prima el interés general por sobre el individual, siendo sus reglas imperativas e irrenunciables en sus efectos.

La evolución constante que experimenta la configuración familiar hace que la legislación deba adaptarse permanentemente a los cambios, introduciendo nuevas leyes que contemplen esas modificaciones. En este post recorreremos algunos de los contenidos fundamentales del derecho de familia.

Matrimonio

Del matrimonio civil se desprende una serie de consecuencias legales: los efectos personales, referidos a los deberes y derechos entre cónyuges y la patria potestad respecto a los hijos, y los efectos patrimoniales, relacionados con el régimen económico o patrimonial. Los deberes y derechos de los cónyuges pertenecen a tres categorías diferentes: son legales debido a que trascienden el carácter ético, son de orden público, ya que no dependen de la voluntad de los individuos y son recíprocos porque emanan del marido hacia la esposa y también de ella hacia él. Las características principales del matrimonio civil son las siguientes:

Unidad

Los cónyuges deben cohabitar, compartiendo una vida en común y respondiendo ambos a los mismos derechos y obligaciones.

Permanencia

El matrimonio se disuelve solo mediante una sentencia judicial y no por la mera autonomía de la voluntad.

Legalidad

Se trata de una unión siempre sujeta a la ley por medio de un acto jurídico.

Lealtad

Los cónyuges tienen la obligación de guardarse fidelidad.

Patria potestad y otros cargos de protección a menores

La patria potestad es un poder que la ley otorga a los padres sobre sus hijos y que asegura un marco de asistencia, protección y educación a través de un conjunto de deberes y derechos de ambos progenitores respecto de sus descendientes. Entre las obligaciones, el Código Civil Español contempla las siguientes: velar por el bienestar de los hijos, mantenerlos en su compañía, procurarles alimento y educación y formarlos integralmente durante la minoría de edad y en los casos particulares en que resulte necesario extender esta facultad. Al derecho de familia también le corresponde organizar las situaciones de adopción y las relativas a otros cargos de protección de menores diferentes de la patria potestad, tales como tutela, curatela, acogimiento y guarda.

Divorcio

Toda persona puede divorciarse después de los tres meses de celebrado el matrimonio sin necesidad de justificar una causa determinada y con o sin consentimiento del otro cónyuge.

Además, cualquier individuo puede solicitar el proceso de divorcio al día siguiente del casamiento civil, siempre y cuando existan causas graves para cualquiera de los cónyuges o los hijos que así lo ameriten. Se trata de situaciones en las que existe riesgo de vida o de integridad física, moral o sexual de uno o de varios de los integrantes del grupo familiar. Vale destacar que la separación y el divorcio gozan de los mismos efectos generales, pero solo este último disuelve la unión legal, posibilitando nuevos matrimonios.

El divorcio puede ser de mutuo acuerdo, modalidad en la cual los esposos concuerdan en la mayoría de los puntos que deben considerarse frente a la disolución del vínculo (*Más información sobre los tipos de divorcio, mutuo acuerdo y contencioso). En este caso, la demanda de divorcio se acompaña de un convenio regulador en el cual se firman los arreglos relativos al ejercicio de la patria potestad, custodia y guarda de los menores, régimen de visitas, pensión de alimentos y atribución del domicilio familiar, entre los principales ítems. Hablamos de divorcio contencioso cuando no se logra alcanzar un acuerdo y estas y otras medidas son fijadas por el juzgado competente.

Sucesiones

El derecho de familia es encargado también de regular la transferencia de bienes y derechos ante el fallecimiento de una persona. Las herencias pueden estar manifestadas en un testamento, sucesión testamentaria, u ordenarse de acuerdo a lo que dispone la ley, tratándose de una sucesión legal. El patrimonio hereditario comprende no solo los bienes, sino también los derechos, obligaciones y deudas. La ley aparta siempre un porcentaje de las posesiones del fallecido que corresponde de manera obligatoria a ciertos familiares, llamados herederos forzosos o legítimos. El orden sucesorio privilegia a los descendientes y al cónyuge viudo y cuando el difunto no ha tenido hijos, son sus padres los primeros herederos en línea ascendente. Es importante señalar que si bien el derecho sucesorio español es en su contenido general igual en todo el territorio del país, las distintas comunidades autónomas disponen de normas específicas al respecto, por lo que sus legislaciones serán las que habrán de regir cuando la persona fallecida resida en alguna de ellas.